El tren procedente de Mainz llega con retraso a la estación central de Fráncfort. Son las 9:15 horas de una mañana de junio y los pasajeros no se inmutan por la impuntualidad, algo habitual en la red ferroviaria alemana y agravada en la última semana por los daños provocados por las inundaciones que afectan a la mitad del país. Bajamos del tren y enfilamos por la Kaiserstrasse, la avenida que parte desde la misma puerta de la estación e introduce al viajero en el centro financiero de Europa. En esta calle se mezclan las sucursales bancarias con joyerías, restaurantes de comida rápida y tiendas regentadas por una visible comunidad árabe muy distinta a la inmigración turca de Berlín. Recorremos unos 400 metros y nos encontramos con la Willy-Brand Platz, en cuyo centro destaca el monumento fallero a la unión monetaria. Un enorme símbolo del euro en azul marino chillón rodeado de unas llamativas estrellas amarillas, en cuya piel alguien ha tatuado de manera infantil la palabra ‘revolución’. El símbolo convive plácidamente con los carteles reivindicativos situados a sus pies, donde se ven imágenes de policías sin nacionalidad concreta protegiendo las sedes bancarias frente a los manifestantes. Los activistas del movimiento ‘Occupy Frankfurt’ acampaban hace un año en el césped que rodea al monumento hasta que el pasado mes de diciembre la justicia alemana ordenó su desmantelamiento. Hoy no hay seguridad visible en esta plaza encuadrada entre modernos edificios sin personalidad con la excepción de uno, ocupado hoy por el Dresden Bank, pero que recuerda el pasado de esta ciudad comerciante a la rivera del río Meno. 

A parte del monumento naif, nada nos hace advertir que estamos a escasos metros de la sede del organismo encargado de velar por la estabilidad del euro. La institución asiste estos días como público al juicio que celebra el Tribunal Constitucional alemán donde se cuestiona su futuro y sus competencias para actuar en la mayor crisis económica y financiera conocida en Europa. Los jueces del tribunal de Karlsruhe estudian la demanda presentada por unos 37.000 ciudadanos alemanes junto con el Bundesbank, en la que denuncian que el BCE se está excediendo en sus competencias con sus programas de ayuda, que sólo debe ceñirse a controlar la inflación por debajo del 2%, y que Alemania no debe afrontar el coste de un nuevo rescate a los países europeos del sur, que se ahogan en un mar de deudas y desempleo. Aunque la decisión final, que se conocerá tras las elecciones generales alemanas del próximo septiembre, no tenga efecto legal sobre la institución, puede abrir una brecha irreparable en la Eurozona. La sede, situada en un rascacielos de 148 metros conocido por el nombre de Eurotorre, no destaca entre los rascacielos de las grandes entidades financieras que lo rodean como el Commerzbank, Credit Suisse o Goldman Sachs. Cualquiera podría pasar por su puerta sin advertir que allí se toman decisiones que afectan a millones de personas. Sólo tras sus puertas giratorias aparecen en su vestíbulo las banderas de los 17 países que conforman la unión monetaria europea. Bienvenidos, estamos en la sede del Banco Central Europeo (BCE). Somos una docena de periodistas de varios países. Nuestra visita está programada, el guión está escrito, nos atenderá el jefe de prensa de la institución, el holandés William Lelieveldt. Dos hombres de seguridad con un ostentoso pinganillo salen a recibirnos para acompañarnos hasta nuestro destino. En el hall no se observa actividad alguna, no hay personas que entren y salgan, allí sólo vemos a unos seis funcionarios de la institución que se reparten las labores de recepción y seguridad. Tras coger nuestras acreditaciones y pasar por el escrupuloso control de seguridad, nos custodian hasta el potente ascensor, que asciende rápidamente taponándonos los oídos. Se abren las puertas: Estamos en la planta 36, cuatro pisos por debajo de la cima y una espectacular vista sobre Fráncfort. Nos encontramos una mesa con el café y las pastas de bienvenida sin que nadie, a parte de los silenciosos hombres de seguridad, haya salido a recibirnos. Estamos en la cúspide del skyline financiero de Europa. Contemplamos la maqueta de la ciudad a nuestros pies; al fondo, la estación central por la que hemos llegado, los hombres como hormigas; a la izquierda, discurre caudaloso el río Meno.

El absoluto silencio nos fuerza a hablar en susurros, pero pronto descubrimos el cartel que anuncia la clave de la conexión wifi y comienza el revuelo de ordenadores. Las noticias anuncian que a esas horas las bolsas europeas caen con fuerza lastradas por la incertidumbre bancaria, las materias primas y las turbulencias griegas. Llega nuestro anfitrión y nos sentamos todos en la sala circular, donde se va a desarrollar el encuentro. Al oír los primeros teclados, el responsable de prensa del BCE se apresura a advertir que todo se desarrolla en un estricto ‘off the record’. Una prohibición absurda porque durante su exposición, de una hora de duración, se limita a explicar la fundación de la unidad monetaria, el funcionamiento del BCE y la intervención de la institución en la crisis. Está frente a periodistas curtidos. Nos aburrimos. El representante de la institución despliega unos gráficos que sólo muestran datos positivos. Portugal, Italia, Grecia y España protagonizan algunos de ellos donde se dice que las cosas van bien gracias a las políticas de austeridad, pero no habla de las cifras del paro y del impacto de las medidas sobre el estado del bienestar. Nuestro interlocutor afirma que el BCE está dispuesto a seguir ayudando a aquellos países que lo soliciten, que para eso se han relajado los niveles de exigencia de los avales para cubrir los préstamos y se han modificado los plazos de devolución. Unas medidas que la institución no habría hecho en una situación “normal”. Defiende la imposición de austeridad como un proceso “doloroso” pero “necesario” para asegurar la estabilidad del euro. Prosigue después con un alegato a favor de la igualdad del consejo de gobierno del BCE, formado por los gobernadores de los 17 bancos centrales de la zona euro, que cuentan con un solo voto de igual valor. “El alemán tiene el mismo que Malta”, pone como ejemplo, aunque la institución, que se rige por una legislación especial de la Unión Europea (UE), funciona como una especie de Sociedad Anónima en la que Alemania es el socio mayoritario, con el 27,06% del capital. Un factor clave para el efecto que tendrá la decisión que estos días toma el tribunal de Karlsruhe. El consejo del BCE se reúne cada primer jueves de mes para tomar sus decisiones de política monetaria. “Estas reuniones tienen lugar en la sala en la que estamos”. Una sensación de aislamiento recorre la estancia. Elevados sobre la ciudad, desde aquí no se oye ni el tráfico ni los gritos de los indignados. Desde nuestros asientos sólo se alcanza a ver, a un lado, los rascacielos y al otro, el cielo hoy encapotado. Finalizada su charla, que sólo ha cortado tras 45 minutos hablando para advertir de que podíamos interrumpirle para hacer preguntas, ahora ya podemos intervenir. A pesar de sus contestaciones vagas, no podemos desaprovechar la ocasión y vamos a por él. “Dice que el BCE está dispuesto a seguir prestando dinero a los países con problemas, pero el dinero ya prestado no ha llegando a los ciudadanos, a las pequeñas y medianas empresas, es un agujero negro. ¿Existe algún límite? ¿Podría aprobarse una nueva ayuda a España?”. Lelieveldt se lanza a explicar que no es lo mismo la financiación semanal a los bancos, que una ayuda directa -un rescate-. Eso ya los sabemos, sólo hablábamos de lo segundo, le insistimos. El jefe de prensa se va por las ramas, pero se ciñe al protocolo para afirmar que una nueva ayuda dependería de la petición por parte del Gobierno de España. Tras esto, cierra el turno de preguntas, se despide rápidamente y se aferra a su móvil. Protocolo cumplido. Ya sólo nos queda recoger nuestras cosas y echar un último vistazo la panorámica, desde el otro lado del edificio. Al fondo, un poco alejado del skyline financiero y a la orilla del Meno, descubrimos las obras de construcción de la futura sede del BCE, cuya inauguración está prevista para 2014 y que ha costado cerca de 1.200 millones de euros. Un enclave perfecto para convertirse en un exclusivo y lucrativo edificio de apartamentos de lujo.