Nueva York, Los Ángeles, Houston y Miami son los epicentros de las áreas de mayor concentración de inmigrantes sin papeles de Estados Unidos, según las últimas cifras oficiales correspondientes a 2014 recogidas por el Pew Research Center (PRC).

Ellos son la fuerza laboral que sostiene el sector servicios de la primera potencia mundial y la diana de la nueva política de inmigración de Trump. El miedo a la expulsión recorre las costas este y oeste de Estados Unidos donde se agrupan la mayoría de los indocumentados.

El plan de la Administración Trump es aplicar una interpretación literal de la Ley de Inmigración aprobada por Barack Obama. Con dos diferencias importantes. La primera, el uso de la fuerza para la inspección, verificación y deportación de los sin papeles. La segunda, poner punto y final al camino hacia la legalización.

Para implantar estos cambios, Trump gobierna a golpe de decreto y de directrices desde el Departamento de Seguridad Nacional, lo que le permite sortear al Congreso. Sus primeros movimientos han sembrado la incertidumbre entre los indocumentados. Sobre todo, entre los mexicanos, principal objetivo de los ataques del presidente. Las primeras redadas de la era Trump practicadas a mediados de febrero se saldaron con un total de 680 detenidos, el 75% de ellos con antecedentes penales, según informó la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE). Fue la primera señal de advertencia.

La realidad de la inmigración

Sin embargo, las cifras de la inmigración ilegal en Estados Unidos muestran una realidad muy diferente a la que proclama Trump. La llegada de indocumentados se ha estabilizado desde el final de la Gran Depresión de los años 30. Los mexicanos son cada vez menos mientras que crece el número de asiáticos.

Entre 2009 y 2014, las salidas y entradas de los primeros dejaron una pérdida neta de 140.000 personas, según PRC. Al mismo tiempo, los desembarcos de asiáticos aumentaron un 202%,  según las cifras de ‘Migration Policy Institue’. A pesar de esta tendencia, el presidente no ha dedicado una sola alusión a estos últimos.

Por otro lado, está la contundencia de las cifras económicas. Los sin papeles pagan al año 11.640 millones de dólares en impuestos locales y federales, según las cifras aportadas por ‘The Institute of Taxation and Economic Policy’ (ITEP). Su legalización aumentaría estas contribuciones en 2.100 millones de dólares anuales, según ITEP. Además, los indocumentados aportan cerca de 13.000 millones de dólares anuales al fondo de la Seguridad Social y solo se benefician de 1.000 de estos millones, según explicó Stephen Goss, responsable de la Administración de la Seguridad Social (SSA) a Vice News. .

La división geográfica

Toda esta actividad económica se distribuye entre las dos costas, el estado fronterizo de Texas y Florida. Seis de cada diez indocumentados viven en estos territorios. En contraste, solo el 36% de la población total de los Estados Unidos reside en esos lugares.

Nueva York es, con 1,5 millones de inmigrantes sin papeles, el principal hogar de los indocumentados. El popular barrio de Queens, lugar de nacimiento de Trump y el de mayor concentración de ilegales de la ciudad, es un hervidero de rumores desde que se produjeron los primeros arrestos. En la Gran Manzana y su área de influencia hubo un total de 40 detenidos.

En segundo lugar se sitúa Los Ángeles, con 1,1 millones de habitantes. La frontera sur de California con México es uno de los puntos más conflictivos de la inmigración ilegal. Las redadas se saldaron allí con un total de 160 arrestados. Cincuenta de ellos sin antecedentes penales.

Por detrás de las dos grandes ciudades costeras se sitúan Houston, con una población de 575.000 indocumentados, Dallas (575.000), Miami (450.000) y Chicago (425.000). Todas ellas forman parte de las llamadas ‘ciudades santuario’, donde la policía limita su colaboración con las autoridades federales de inmigración a sospechosos con antecedentes criminales bajo arresto. A los demás residentes, en la práctica, no se les pregunta por su estatus migratorio cuando entran en contacto con la policía. La amenaza de Trump también se cierne sobre ellas. El presidente ha prometido bloquearles los fondos federales si se niegan a cooperar con autoridades migratorias.

México y China, los más numerosos

La nueva Administración ha fijado sus ojos en México. Ellos son, con 12,05 millones de personas, la mayoría migratoria de Estados Unidos y los últimos que llegaron al país. En segundo lugar, muy por detrás, se sitúan los chinos con un total de 2,1 millones de personas, cuya presencia comenzó a principios del siglo XIX cuando un pequeño grupo de aventureros alcanzaron la costa oeste atraídos por la fiebre del oro.

Esta comunidad asiática fue la primera en sufrir un veto migratorio similar al impuesto por Trump a los ciudadanos musulmanes y paralizado por los tribunales. Entre 1885 y 1945, la Ley de Exclusión China les prohibió la entrada al país tras una crisis económica en la que se convirtieron en la mano de obra barata del país. El mismo peligro que, según el ‘trumpismo’, representan ahora los vecinos del sur.

La lista de países países con más de un millón de originarios en suelo estadounidense la completan India (1,97), Filipinas (1,9), Puerto Rico (1,74), Vietnam (1,3), El Salvador (1,28), Cuba (1,13) y Corea del Sur (1,12). La mayoría de ellos cuentan con permisos de residencia o recibieron la ciudadanía, ya que llegaron al país hace varias décadas.

Las principales novedades

Las nuevas directrices de inmigración de Trump acaban con las restricciones que regulaban la expulsión inmediata. Los únicos que se enfrentaban a ella eran los inmigrantes con menos de dos semanas en el país  y que se encontraban a menos de 160 kilómetros de la frontera. Ahora, desaparece el límite geográfico y se extiende hasta dos años el temporal.

La única prudencia tomada por Trump ha sido respetar a los llamados ‘dreamers’, aquellos que llegaron de niños a Estados Unidos, los solicitantes de asilo y los que puedan demostrar su estatus migratorio. Por otro lado, la preparación logística de expulsiones ya se ha puesto en marcha. El gobierno contratará a 15.000 nuevos agentes de inmigración y 5.000 fronterizos que formarán la fuerza especial de deportación prometida por el presidente.

La Casa Blanca intenta infundir calma ante las expulsiones, pero nadie se fía de Trump. «La definición -de quién puede ser deportado- es lo suficientemente amplia para cubrir casi a cualquiera que vino a este país para sobrevivir, para alimentar a sus hijos o para huir de la violencia y la persecución”, advierte Ana Maria Archila, codirectora ejecutiva de la asociación ‘Make the Road New York’.

Los afectados tienen suficientes pruebas para estar asustados. La primera oleada de detenciones acabó con la expulsión a México de Guadalupe García, tras 20 años en Arizona y acusada de haber utilizado un número de seguridad social falso. Los agentes de inmigración aún retienen a Daniel Ramírez, apresado en casa de su padre en Seattle (Washington), bajo la excusa de pertenencia a una banda y a pesar de contar con un permiso de trabajo. Esta semana, la ‘dreamer’ argentina Daniela Vargas, de 22 años, fue detenida en Jackson (Mississippi) tras hablar en una rueda de prensa sobre inmigración. Los tres se han convertido en el símbolo y en el prólogo de lo que les espera a los millones de indocumentados que viven en Estados Unidos.