Este es sólo el primer paso para que el Congreso de Estados Unidos inicie los trámites para destituirle. Antes, el fiscal tendrá que determinar si Trump incurrió en delito alguno y si así es tratar de convencer con sus conclusiones a la mayoría republicana de la Cámara para que inicie el proceso.

Por delante queda todavía una larga investigación, pero el paso dado por Mueller pone al presidente en el objetivo de un escándalo que no ha parado de crecer desde que ganó las elecciones presidenciales el pasado mes de noviembre.

Por el camino, Trump se ha labrado una larga lista de personas que tienen ahora la doble faceta de enemigos y testigos de sus maniobras. En enero, el presidente despidió a la fiscal general nombrada por Barack Obama, Sally Yates, por no apoyar su veto musulmán, pero lo que no se supo entonces es que Yates había advertido al presidente de las mentiras de su asesor de seguridad nacional, Michael Flynn, sobre sus contactos rusos. En marzo, cayó el fiscal federal de Nueva York, Preet Bharara, que investigaba sus negocios en su etapa de empresario. Y en mayo, cesó al director del FBI, James Comey, por no ceder a sus deseos de parar las pesquisas rusas. Su mayor problema por el momento.

Tanto Sally como Comey fueron implacables en sus respectivas declaraciones ante el Comité de Inteligencia del Senado que investiga la injerencia rusa en la campaña electoral; Bharara, por su parte, acudió esta semana a la prensa para explicar que Trump trató de abrir una comunicación con él meses antes de despedirle. Los intentos de Trump de influir en todos ellos han tomado ahora un efecto búmeran. El movimiento de Mueller pone de manifiesto que las investigaciones van más allá de la injerencia rusa en la campaña electoral.

El primer paso dado por el fiscal especial para encontrar las posibles pruebas de obstrucción a la Justicia ha sido seguir sumando testigos, mientras él mismo se enfrenta a la amenaza de despido del presidente. Para ello, el fiscal especial del Rusiagate ha citado esta semana al director de Inteligencia Nacional, Daniel Coats, y al responsable de la Agencia Nacional de Seguridad, el almirante Mike Rogers. Ambos habrían recibido también llamadas del presidente para para presionar a Comey, según revela The Washington Post. Ninguno lo ha reconocido en público, pero ambos están dispuestos a declarar.

Declaración de Comey

El indicio más importante con el que cuenta Mueller es la declaración de Comey ante el Senado del pasado 9 de junio. Así como sus extensas anotaciones de lo que sucedió entre ellos. El exdirector del FBI ofreció una radiografía de sus tres encuentros a solas y de sus seis conversaciones telefónicas con el presidente. La minuciosa descripción descubrió a un presidente más dispuesto a presionar al jefe de Inteligencia que a respetar la independencia del organismo.

Su comparecencia obligó a la Casa Blanca a reconocer los encuentros entre ambos, antes negados, en los que Trump pidió «lealtad» a Comey y que «dejara pasar» la investigación sobre Flynn, quien tuvo que dimitir por sus conexiones rusas. Además de él, entre las filas del presidente, el escándalo se ha saldado con la recusación del fiscal general, Jeff Sessions, de la investigación rusa, y con casi una decena de asesores de Trump investigados por sus conexiones con Moscú, entre ellos, su yerno Jared Kushner.

La declaración de Sessions del pasado martes ante el Senado parece ser la gota que ha colmado la paciencia de Mueller. El fiscal general se mostró en todo momento del lado del presidente y se negó a comentar los pormenores de sus conversaciones personales con Trump, bajo el privilegio que tienen los miembros del Departamento de Justicia para no revelar comunicaciones con el presidente sin que éste las revise antes. Sessions también participó en el despido de Comey con una carta en la que recomendaba su cese. Cuando se cumplen tan solo 145 días de su llegada a la Casa Blanca, la trama rusa ha ido contaminando uno a uno a la mayoría de los asesores del presidente. Ha llegado su turno.