Estados Unidos se entrega con límites a la economía colaborativa

Cuando se trata de atacar o defender la economía colaborativa la balanza se mueve sin ceder hacia ninguno de los dos lados. Los beneficios al consumidor y a la competencia de las nuevas plataformas digitales son tan evidentes como el daño que hacen a los antiguos negocios. En esa búsqueda del equilibrio, Nueva York, Chicago y San Francisco han aprobado en los últimos dos años las regulaciones para Uber y Airbnb con distintos resultados.

Tras decenas de demandas judiciales -algunas aún pendientes-, presiones de hoteleros, huelgas de taxistas y negociaciones sin descanso entre las autoridades locales y los emprendedores que quieren mantener sus negocios fuera de las ataduras de las viejas normas, las principales ciudades de Estados Unidos han puesto un poco de orden al sobresalto provocado por la irrupción de la economía colaborativa.

La paradoja de estos negocios globales reside en su dependencia de las reglas locales. Esto ha provocado un nuevo fenómeno. El de la multiplicidad de normas repartidas por la geografía mundial. Airbnb funciona de una manera en Nueva York y de otra en Chicago. Esta situación que se repite en Madrid y Barcelona. La realidad de Uber está más polarizada. De la prohibición total impuesta por muchas ciudades europeas, su penetración en Estados Unidos es imparable.

Su futuro pende de su propia capacidad para innovar y para adaptarse a las condiciones de los lugares donde opera. Las normas aprobadas con cuentagotas en Estados Unidos han desinflado las previsiones de crecimiento que estimaban un salto de los 14.000 millones de dólares facturados en 2014 hasta 335.000 millones de dólares en 2025, según cifras de la consultora PwC.

Fase de experimentación

Estos números se basan en el espectacular crecimiento experimentado por Uber y Airbnb, que han visto triplicar su valor en los últimos tres años. La llegada de la regulación ha cambiado la perspectiva. Uber, por ejemplo, ingresó 6.500 millones de dólares en 2016 y sus ingresos brutos por reservas se duplicaron a 20.000 millones de dólares. Sin embargo, su pérdida neta alcanzó los 2.800 millones de dólares.

“Sólo estamos en el primer paso de la creación del mercado del futuro”, explicaba Arun Sundararajan, profesor de la Escuela de Negocios Stern (Nueva York) y autor del libro ‘La economía colaborativa: El fin del empleo y la aparición de la capitalismo basado en la masa’, en la pasada conferencia de Davos. Esa fase de experimentación que describe el optimista de Sundararajan ha provocado éxitos y conflictos, pero, mantiene, es imparable.

Los taxistas y los hoteleros no son los únicos que sienten la amenaza, aunque sus fuertes regulaciones han endurecido la disputa. En Estados Unidos, gigantes como UPS o Fedex, han visto nacer aplicaciones como ‘Post Pack Ship’, que pasan a recoger un objeto tan solo con el envío de una foto. Otros han innovado con servicios de aparcacoches como ‘JustPark’ o, incluso, aplicaciones como ‘Leafly’, a través de las que se puede conseguir marihuana de uso medicinal en los estados que es legal. Antes de ellos, e incluso de Uber y Airbnb, triunfaron Ebay, Amazon, Alibaba o Craiglist.

“Hay un desajuste entre las intervenciones reguladoras del pasado y los nuevos modelos. El conflicto no es sorprendente. Nadie está equivocado. Lo que hay que hacer es reinventar las reglas en lugar de readaptarlas”, sostiene Sundararajan, que reclama menos resistencia y más iniciativa por parte de las llamadas plataformas peer to peer (de igual a igual). La base de su negocio reside en la confianza de los usuarios, el único factor que puede hacerlas crecer, lo que el experto ha bautizado como “capitalismo basado en la masa”.

Uber y Airbnb en EEUU

Los primeros en llegar han sido los primeros en toparse con los límites. En los últimos dos años, Uber y Airbnb han tenido que readaptarse a las nuevas normas. La plataforma de alquiler de viviendas y habitaciones ha sido la peor parada. Nueva York y San Francisco han aplicado normas muy restrictivas para los arrendamientos de pisos completos con el objetivo de evitar la distorsión en el mercado de alquiler.

La ciudad de los rascacielos tiene prohibido desde octubre rentar pisos enteros menos de 30 días bajo una amenaza de multa de 7.500 dólares. La proliferación de Airbnb había dejado la tasa de pisos vacantes en Manhattan y Brooklyn por debajo del 5%. San Francisco aplica desde noviembre de 2015 un tope de 60 días al año y los anfitriones están obligados a inscribirse en un registro, pagar los impuestos de ocupación y contratar un seguro de responsabilidad civil.

Chicago exige desde el verano de 2016 un impuesto adicional del 4% con el horizonte de subirlo hasta un 21% frente al 17,4 % que pagan los hoteles. En este caso, no existe límite de días, pero sí del número de apartamentos disponibles en cada edificio. También se aplica una tarifa de 60 euros destinada al control de los abusos en los alquileres vacacionales. Sin embargo, las demandas de usuarios han conseguido que un juez bloquee, por el momento, la aplicación de partes de este reglamento.

Los Ángeles aún está en plena pelea con la compañía. Su caso es especial porque el 90% del tráfico de Airbnb lo gestionan compañías propietarias de los apartamentos. Esto ha sacado del mercado 7.316 viviendas, el equivalente a siete años de construcción de pisos a precio asequible.

Una situación muy diferente han vivido Uber y su competencia directa, Lyft . En un país con falta de infraestructuras de transportes, la irrupción de estas plataformas de conductores ha facilitado los desplazamientos en ciudades como Los Ángeles en las que se han vuelto imprescindibles. Allí operan de forma legal desde el pasado mes de marzo, tras una consulta en la que participaron estudiantes, políticos, la empresa y los taxistas.

Desde julio de 2015, lo hace en Nueva York con un reglamento que les obliga a entregar recibos detallados, ser transparentes en los aumentos de precios por mucha demanda – como los días de lluvia-, tener vehículos adaptados para discapacitados, políticas de privacidad de datos y la posibilidad de mandar quejas. Unas reglas similares rigen en Chicago desde junio y desde abril del año pasado en San Francisco.

Los problemas de Uber son ahora otros. La compañía suma polémicas casi diarias. El espionaje a los datos de los clientes, la bajada de las tarifas, el aprovecharse del rechazo de los taxistas a acudir al aeropuerto tras el veto de Donald Trump a los ciudadanos de siete países musulmanes y la discusión mantenida por su CEO, Travis Kalamick, con un conductor que se quejaba de la caída de los precios están haciendo que la compañía pierda la confianza de los usuarios. La masa también aprende su vía de escape.

 

 


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