La guerra de Trump contra el aborto se llama Planned Parenthood

Nueva York/26 de febrero de 2017

La lucha de Donald Trump contra el aborto tiene un nombre propio: Planned Parenthood. Esta red de clínicas ginecológicas sin ánimo de lucro atiende cada año a 60 millones de personas y practica la interrupción del embarazo desde su legalización en 1973. El presidente de Estados Unidos ha prometido a los suyos acabar con ella y con sus cien años de historia.

Planned Parenthood tuvo su origen en una pequeña clínica de Brownsville (Brooklyn), fundada en 1916, por Margaret Sanger, su hermana Ethel Byrne y la activista Fania Mindell. Estas tres pioneras de la educación sexual tuvieron la visión de dar a las mujeres de su entorno la información disponible en aquella época para controlar su maternidad.

Nueve días después de la apertura, la policía irrumpió en el consultorio y detuvo a las tres mujeres acusadas de varios delitos. Este fue el germen de la mayor organización a favor del control de la maternidad y activistas del derecho a decidir que existen en la actualidad en Estados Unidos. El monstruo que Trump ha prometido destruir para satisfacer a sus seguidores más conservadores, entre los que se encuentra su vicepresidente, Mike Pence.

Después de 100 años de conquistas y ataques a sus clínicas, Planned Parenthood se enfrenta de nuevo al enemigo. “El momento en el que nos encontramos nos reclama un método de acción que no hemos tenido antes. Estamos listos para afrontarlo”, declaraba hace unos días Kelly Robinson, el director nacional de Planned Parenthood, en un encuentro en Facebook. Tras donar 20 millones de dólares a la campaña de Hillary Clinton, el día después de la noche electoral del pasado 8 de noviembre, comenzó un nuevo capítulo en su historia.

Primeras acciones

La gran demostración de fuerza de Planned Parenthood tuvo lugar en Washington un día después de la toma de posesión de Donald Trump. La organización ocupó un lugar destacado en la multitudinaria ‘Marcha de las Mujeres’ sin ser responsable de su organización. Cientos de asistentes portaron carteles de apoyo y su causa fue defendida enérgicamente por activistas, intelectuales y artistas en sus discursos. En especial, la actriz Scarlett Johansson que dedicó sus siete minutos a desplegar una acérrima defensa.

“Mi hija no podrá tomar las decisiones sobre su cuerpo, que su hija, Ivanka Trump, sí pudo”, le espetó la actriz. La primera estocada de Trump llegó dos días después. En su primer lunes en el cargo, el presidente de EEUU firmó una orden ejecutiva para restablecer la llamada Política de la Ciudad de México, aprobada por Ronald Reagan 1984 y derogada por Barack Obama en 2009. Esta ley prohíbe a las organizaciones no gubernamentales que realizan o promueven abortos recibir fondos federales para sus actividades en otros países.

Ahogar las finanzas de Planned Parenthood y otras organizaciones similares es la estrategia provida de Trump. “Este es un movimiento sin precedentes, es la acción ejecutiva más extrema que hemos visto de este tipo””, valoró Latanya Mapp Frett, directora ejecutiva de Planned Global. Con este recorte, están en juego están los programas de ayuda a la prevención del sida, la lucha contra el Zika y la planificación familiar de 170 países.

Esta red de centros médicos obtiene el 47% de su financiación de fondos públicos del gobierno federal y de los correspondientes estados -cerca de 550 millones de euros al año-, el 27% llega por contribuciones privadas, el 24% por el pago de servicios no cubiertos por la sanidad pública y el 6% restante de otras partidas sin especificar, según el último informe anual de la organización correspondiente a 2014-2015.

Nuevas amenazas

El segundo tijeretazo llegó el martes 24 de enero cuando los republicanos utilizaron su mayoría en el Congreso para poner fin a los fondos federales destinados a sufragar los abortos a través de los programas públicos como Medicaid o los seguros médicos privados sujetos al Obamacare. Una de cada seis mujeres es Estados Unidos dependen de ellos. Esta partida de dinero se destinaba según el resultado anual de los créditos para el Departamento de salud y servicios humanos.

A partir de ahora, se hace permanente la llamada Enmienda Hyde, que desde 1976, restringe el uso de este dinero para abortos, pero cubría la interrupción del embarazo por incesto, violación o peligro de vida de la madre. Y mientras, la recién estrenada Administración Trump se veía envuelta en el escándalo de sus conexiones con Rusia, llegó el tercer ataque. El más directo contra Planned Parenthood. Los republicanos votaron en el Congreso rescindir una regulación de la era de Obama que prohibía a los estados rechazar la financiación a estas clínicas por motivos políticos.

En septiembre de 2016, Trump dejó por escritas sus promesas a los anti abortistas en una carta enviada en al líder de la Coalición Pro-vida, Marjorie Dannenfelser. Entre ellas, también estaba el nombramiento de un juez pro-vida en el Tribunal Supremo para sustituir al fallecido Antonin Scalia. Trump nombró a Neil Gorsuch, un conservador que escribió “todos los seres humanos son intrínsecamente valiosos, y quitar la vida humana por parte de personas privadas de manera intencionada siempre está mal” en su libro sobre el derecho al suicidio asistido y la eutanasia.

Le falta por cumplir su compromiso de aprobar una ley que ha llamado: “Protección del dolor del niño no nacido” en la que pretende reducir los plazos del aborto, sin especificar los meses de gestación ni las circunstancias. Será ahí donde empiece el gran debate ideológico y legal que puede llevar a Estados Unidos a recortar el derecho al aborto, aprobado en los años setenta. Si esto no lo consiguen por la vía de los tribunales, lo que obligaría a Planned Parenthood a dejar de practicar abortos, la promesa es el cierre de sus centros.

 

 


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