Su respuesta a la resolución fue un nuevo desafío a la justicia. “Nos vemos en los tribunales, ¡la seguridad de nuestra nación está en juego!”, escribió en mayúsculas en la red social Twitter. No se quedó ahí. Trump acusó a los magistrados de tener una motivación «política» en conversación con la prensa en la Casa Blanca.

Nadie duda ya de que el Tribunal Supremo tendrá la última palabra sobre la constitucionalidad o no del decreto. Allí las fuerzas están equilibradas con cuatro jueces conservadores frente a cuatro progresistas hasta la confirmación de Neil Gorsuch, nombrado por Trump para sustituir al fallecido Antonin Scalia. Pero hasta el propio Gorsuch se mostró «desmoralizado» esta semana con los insultos de Trump al sistema judicial, según reveló el senador demócrata Richard Blumenthal, tras una reunión entre el juez y varios senadores.

La decisión del tribunal de apelaciones no entró en el fondo del asunto y se limitó a paralizar la prohibición de 120 días a la entrada de refugiados y definitiva para los huidos de Siria. Así como la suspensión  durante 90 días de la llegada de ciudadanos de siete países (Irán, Irak, Somalia, Sudán, Libia, Yemen y Siria) de mayoría musulmana. Los ciudadanos de esos países podrán entrar y salir del país libremente, bajo las anteriores normas de inmigración.

Sin pruebas

La vista fue retransmitida el martes a través de un audio en streaming en el que ya se puso de manifiesto el escepticismo de los jueces hacia los argumentos del Gobierno. Tras dos días de deliberaciones, los magistrados concluyeron en su resolución que el Gobierno «no ha aportado ninguna prueba» para justificar el presunto peligro terrorista al que se enfrenta el país por la entrada de ciudadanos de esos siete países. Ninguna cifra avala su orden.

El letrado del Departamento de Justicia, August Fientje, tampoco presentó a la causa informe alguno para justificar la decisión del presidente. Los jueces aprovechan en su resolución para recordarle a Trump que los tribunales están acostumbrados a leer información clasificada y a mantener su confidencialidad.«Existen reglamentos y leyes para eso», señaló el tribunal.

Los que sí aportaron pruebas suficientes para ganar el pulso a Trump fueron los recurrentes, los estados de Washington y Minnesota. Ellos fueron los encargados de pedirle al juez federal de Seattle James Robart la paralización del veto por inconstitucional. Sus indicios, el caos en los aeropuertos, la separación de las familias y la prohibición de entrada a residentes, empleados universitarios y estudiantes sin motivo alguno. «Estas son lesiones importantes e incluso daños irreparables», concluyeron los jueces. Más de 60.000 personas se vieron afectadas, según las últimas cifras oficiales.

El argumento del abogado de Trump se basa en que el presidente tiene potestad absoluta sobre las leyes de migración y, por ello, puede prohibir la entrada de personas de otros países cuando considere oportuno y sin justificación. Este será el fondo del asunto que tendrá que resolver el Supremo. Además, estará sobre la mesa la cuestión crucial sobre si el decreto del presidente supuso una discriminación religiosa, prohibido en la primera enmienda de la Constitución.

Trump quiere rectificar

Es en este último punto donde Trump tiene todas las de perder. Por este motivo, la Casa Blanca estudia reescribir el contenido de la orden judicial para conseguir el reconocimiento legal, según confirmó este viernes la cadena NBC, citando fuentes internas. Esta modificación irá acompañada de una nueva orden ejecutiva en materia de inmigración, cuyo contenido se desconoce y que se firmará la semana que viene, según confirmó el propio Trump en la rueda de prensa de este viernes junto al primer ministro de Japón, Shinzō Abe.

Esto no paralizará la acción de la justicia y el caso abierto por los estados de Washington y Minnesota continuará en los tribunales con la discusión constitucional en el horizonte. «No tengo duda de que ganaremos este caso», insistió Trump. El presidente de Estados Unidos volvió a repetir su mantra de que el país se enfrenta a unas «amenazas tremendas». Una argumento del que, por el momento, los jueces no tienen pruebas concretas.

Una nueva encuesta nacional elaborada por Public Police Polling publicada el jueves concluye que el 64% de los estadounidenses consideran que el presidente no debería tener la capacidad de cambiar las decisiones de los tribunales con las que no esté de acuerdo. El 25% contesta que sí y el 11% muestra sus dudas al respecto. La sorpresa llega cuando esa misma cuestión se plantea a los seguidores de Trump. El 51% opina que el presidente debería estar por encima de la opinión de los jueces, el 33% considera que no y el 16% no sabe no contesta.