Estos sencillos movimientos que todos realizamos a diario en la red pronto estarán al servicio de las grandes compañías en Estados Unidos. La Cámara de Representantes acaba de aprobar la revocación de una ley del expresidente Barack Obama que obligaba a los proveedores de servicios de internet (ISP, por sus siglas en inglés) a tener el consentimiento de sus clientes antes de compartir su información personal con terceros.

La desaparición de esta protección deja a los usuarios a la intemperie de los tiburones de la recolección y la retención de datos. El efecto de la ley no se hará notar de forma inmediata porque el reglamento de Obama no había entrado todavía en vigor. Los proveedores de servicios de internet siempre han podido monitorear el tráfico, ver qué sitios se visitan y compartir esta información con los anunciantes.

La novedad está en que sin protecciones expresas para el consumidor el uso de datos privados a través de la red se abre a la ley de la selva. Las empresas de telecomunicaciones podrán vender sin consentimiento de los usuarios desde el historial de navegación, hasta la localización, el tipo de dispositivos y las aplicaciones que se utilizan, e información más sensible como el contenido de las comunicaciones y los perfiles financieros y médicos. Un poder incalculable para las compañías.

El triunfo de las grandes telecos

La Administración Trump ha aplicado así su mantra desregulatorio al sector de internet bajo la premisa de equilibrar la competencia. Los grandes beneficiados son los gigantes de las telecomunicaciones como Verizon, AT&T o Comcast -los equivalentes a Movistar, Vodafone y Orange en España-. Ellos proveen de conexión a internet a millones de ciudadanos y son los únicos que tienen el acceso completo a todos sus movimientos por la red.

Su trabajo de lobby entre los republicanos ha surtido efecto. El principal argumento de las telecos contra la protección aprobada por la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés), organismo regulador del sector, era que las empresas como Google, Twitter o Facebook no estaban sometidas a estas restricciones. Estas últimas solo tienen acceso a lo que los usuarios hacen a través de sus páginas web o aplicaciones móviles.

«Esta ley pretende igualar las leyes del juego para que no haya ganadores y perdedores», defendió ayer Sean Spicer, portavoz de la Casa Blanca en su rueda de prensa diaria. Sea cual sea el tamaño y la naturaleza de las empresas de internet, todas ellas siguen sometidas a las leyes de privacidad establecidas por la Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés). Esta regulación establece que el grado de protección de los usuarios de internet depende de la naturaleza de la información transmitida.

Los usuarios tienen que dar su consentimiento voluntario para el intercambio de datos confidenciales como la información financiera o médica, mientras que el permiso para datos básicos como nombre, apellidos, dirección, etc es implícito. Lo que no establece esta ley es el grado de permisividad para compartir estos datos con terceros y era lo que la regulación de Obama pretendía bloquear.

Cambio de política

La eliminación de esta ley también ha dejado patente el asalto de los hombres de Donald Trump a la Comisión Federal de Comunicaciones como parte del plan del presidente de controlar los organismos reguladores y despojarlos de su independencia.

La iniciativa, propuesta por el Senado, ha llegado a la Cámara de Representes en menos de un mes sin debates ni el contraste con la opinión de los expertos. Un procedimiento que ha sido avalado por el nuevo director de la FFC, Ajit Pai, quien, tras la aprobación, ha acusado a la anterior cúpula directiva del organismo de impulsar una regulación partidista para beneficiar a un grupo de empresas frente a otras y aseguró que trabajará con la FTC para respetar asegurar que se respeta la privacidad de los usuarios.

La respuesta no se hizo esperar. Tom Wheeler, expresidente de la FCC, en un artículo en el diario The New York Times, se ha lanzado contra los republicanos por vender los datos de los usuarios a las grandes compañías e impedir a la FCC establecer límites al uso de datos en el futuro.Los demócratas defienden que la huella digital pertenece al usuario y no puede ser moneda de cambio para las empresas. El futuro dirá si internet continúa como está o se convierte en el Oeste.