
Nueva York/26 de enero de 2017/Publicado en bez.es
Cinco días después de llegar a la Casa Blanca, Donald Trump ha comenzado a cumplir sus promesas más severas contra la inmigración ilegal. La retórica racista desplegada por el magnate durante la campaña se tradujo ayer en la aprobación de la construcción del muro en la frontera con México, el aumento de las deportaciones, el refuerzo de las fronteras y prepara ya el fin de las visas a personas procedentes de siete países musulmanes, entre otras medidas.
Sin mencionar de forma expresa a los mexicanos, el presidente de Estados Unidos retrató un país repleto de inmigrantes «criminales», «asesinos» y «traficantes» procedentes de centroamérica para justificar la aprobación de la orden ejecutiva sobre «seguridad fronteriza en inmigración». Con ella, Trump dio luz verde a la nueva política antiimigración de Estados Unidos y al fin de un pasado de bienvenida a los que llegan en busca del sueño americano.
Y lo hizo con los latinoamericanos (17% de la población) y los musulmanes (menos del 1%) en el punto de mira. Estas dos minorías raciales fueron el objeto favorito de los insultos del nuevo presidente de Estados Unidos durante la campaña. A los primeros los llamó «violadores» y «asesinos», a los segundos «terroristas». Contra ellos van dirigidas los primeros decretos contra la inmigración ilegal de la era Trump bajo el falso argumento de que son un problema para la seguridad nacional.
Trump eligió la sede del Departamento de Seguridad Interior para oficializar el cierre de Estados Unidos a los extranjeros. «Una nación sin fronteras no es una nación«, proclamó en su discurso, tras la firma de los decretos. El nuevo inquilino de la Casa Blanca se presentó acompañado por familiares de varias víctimas de inmigrantes indocumentados para reforzar su tesis de que los latinos cometen más crímenes que los nacidos en Estados Unidos. Un dato desmontado por el Consejo Americano de la Inmigración.
Las primeras medidas
Trump cumplió su promesa y dio orden de comenzar la construcción del muro en la frontera con México. Su edificación comenzará en «unos meses», confirmó en una entrevista concedida anoche a la cadena ABC. En ella también insistió en que el país centroamericano correrá con los gastos, después de que los estadounidenses la paguen con sus impuestos. Sin embargo, la fórmula de la financiación no está definida, confirmó Sean Spiecer, portavoz de la Casa Blanca, en rueda de prensa. El Congreso tendrá que dar su visto bueno al proyecto.
El presidente de México, Enrique Peña Nieto, reiteró ayer en un video lanzado en las redes sociales que no pondrá ni un dólar para la obra y anunció que los 50 consulados mexicanos en Estados Unidos se convertirán en oficinas de protección de sus compatriotas. La reunión entre ambos líderes prevista para el próximo 31 de enero en Washington continúa en la agenda.
Para el presidente de Estados Unidos todo son beneficios a un lado y el otro de la frontera. «Salvará miles de vidas, creará millones de puestos de trabajo y ahorrará miles de millones de dólares», aseguró. Y añadió que México se beneficiará de ello. La frontera que separa los dos países cuenta con 3.000 km, en 1.050 de ellos ya existen muros y vallas construidos por George W. Bush.
La medida se completó con la orden de construir más centros de detención para inmigrantes indocumentados, acabar con la política de «capturar y liberar» que se aplica en la frontera, aumentar el número de agentes fronterizos -de los 20.000 actuales a 25.000- y el de los Servicios de Inmigración (ICE) -de 7.500 a 17.500-.
«Vamos a sacar a los malos, los criminales, los vendedores de drogas, los pandilleros. Vamos a sacarlos rápido. Sus días están contados», amenazó Trump, antes de declarar un estado de crisis en la frontera sur. Una afirmación que no se corresponde con la realidad de los datos ofrecidos por el instituto Pew Research, que situó en mínimos históricos las detenciones de mexicanos en la frontera en 2015.
Medidas internas
Pero el miedo también corrió ayer entre los once millones de inmigrantes indocumentados que se encuentran en suelo estadounidense. De ellos, dos millones son menores de edad. Contra ellos, Trump firmó otro decreto para recortar fondos federales a las grandes ciudades estadounidenses que impiden la detención de los inmigrantes sin papeles. Son las llamadas «ciudades santuario». Este es el primero paso de Trump para cumplir su promesa electoral de deportar a todos ellos.
Entre ellas se encuentran Nueva York, Los Ángeles, Chicago y Los Ángeles. Sus alcaldes fueron los primeros que se levantaron contra el republicano tras su triunfo en las elecciones. Lo volvieron hacer ayer. Bill de Blasio, edil de Nueva York, confirmó a través de Twitter, que no cumplirá con las órdenes de detención. Le secundó Lahm Emanuel, alcalde de Chicago.
Esta medida pone en riesgo el futuro de los llamados ‘dreamers’ – los inmigrantes que llegaron a EEUU siendo niños- y la separación de millones de familias. Sus hijos, nacidos en Estados Unidos son ciudadanos de pleno derecho. El ex presidente Barack Obama les protegió con el Programa de Acción Diferida para los llegados en la infancia (DACA por sus siglas en inglés). Esta ley está ahora en peligro bajo el mando de Trump.
El presidente de Estados Unidos no descartó la división de estas familias y arremetió contra la prensa por denunciar esta posibilidad. «Hablan de que las leyes antiimigración pueden separar familias, pero no hablan de las familias americanas que han sido separadas de sus seres queridos», dijo en referencia a los muertos a manos de inmigrantes indocumentados. Y recurrió al lenguaje militar para dirigirse a los familiares de esas víctimas que le acompañaban. «Sus hijos no han muerto en vano, creedme», sentenció Trump.
Las medidas no se acabaron ahí. La prensa filtró el plan de Trump para suspender de manera temporal el programa de visas de refugiados de países musulmanes en conflicto. En la lista figuran Siria, Irak, Irán, Afganistán, Yemen, Libia, Somalia y Sudán. Países donde vive gente «predispuesta a hacer daño», afirmó el portavoz de la Casa Blanca al respecto. Las nuevas leyes antiinmigración llegan con el objetivo de «proteger las vidas de los americanos». Esa es la excusa de Trump.