Las compañías al frente de la obra de ingeniería, Energy Transfer Partners y Sunoco Logistics Partners, convirtieron su contestación a la orden de las autoridades de parar el proyecto en un ataque directo a la Administración de Barack Obama. «Es una decisión política», dijeron en un comunicado publicado tras su decisión.

Su respuesta puso de manifiesto que a la resistencia emprendida por los siux contra la construcción del oleoducto por el subsuelo de sus tierras sagradas y de sus reservas de agua esta lejos de acabar. A pesar de esto, la primera reacción de las cerca de 10.000 personas acampadas en la confluencia de los ríos Missouri y Cannon Ball para impedir el paso de las máquinas fue la de celebrar la decisión de las autoridades como una victoria histórica.

La decisión del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, responsables de evaluar el impacto medio ambiental de la tubería, llegó justo un día antes de que se cumpliera la orden de desalojo urgente del campamento, dictada por el gobernador del estado, y con todas las miradas puestas sobre el terreno.

La mayoría de los manifestantes siguen allí instalados, a pesar de las bajas temperaturas y de la petición del jefe de la tribu de Standing Rock, David Archambault II, de emprender la retirada. «Misión cumplida», anunció Archambault II en declaraciones recogidas por Reuters. Tras el paréntesis, los expertos calculan que pueden pasar unos nueve meses hasta que se apruebe el nuevo recorrido. Una decisión que heredará el presidente electo con quien Archambault II espera reunirse en el futuro.

Las empresas contra Obama

Las empresas responsables del proyecto, por su parte, no están dispuestas a modificar la trayectoria de la tubería. En su análisis de la situación quedó claro que tienen en perspectiva el cambio que traerá Trump cuando tome posesión de su cargo el próximo 20 de enero. Mientras tanto, convirtieron su respuesta en un ataque directo a Obama, al que hicieron responsable del cambio de actitud de los ingenieros. «Es una más de las acciones políticas emprendidas por la Casa Blanca en contra del estado de derecho y en favor de unas posiciones políticas extremas», explicaron en el comunicado.

Las compañías recordaron que en julio de 2016, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército les otorgó todos los permisos para que el oleoducto cruzara río Missouri a la altura del lago Oahe, incluida una evaluación ambiental positiva. «Nada de lo que ha hecho esta Administración hoy cambia eso de alguna manera», sentenciaron el domingo.

Así que será ahora la Administración Trump la que tenga la última palabra sobre el oleoducto, que cuenta con un presupuesto de 3.800 millones de dólares y una longitud de 1.886 kilómetros. «Nosotros apoyamos su construcción, cuando lleguemos a la Casa Blanca, revisaremos la situación completa y tomaremos una decisión», declaró ayer el portavoz de Trump Jason Miller.

Combustibles fósiles o renovables

La lucha emprendida por los siux y los ecologistas contra el ‘Dakota Access Pipeline’ tiene su eco en el debate nacional sobre la sustitución de los combustibles fósiles por energías renovables. Una política impulsada por Obama, que puede revertirse con la llegada de Trump al poder dadas sus promesas de reimpulsar la producción de petróleo, gasolina y carbón.

El primero en pronunciarse tras la orden de paralizar la obra fue el congresista republicano Kevin Cramer, fiel a Trump y posible candidato para ocupar la Secretaría de Energía. En un comunicado, Cramer acusó a Obama de no seguir los dictados de la ley en su política energética y prometió que los republicanos recuperaran el impulso de la construcción de este tipo de  infraestructuras nada más llegar a Washington.

Los terrenos que atraviesa el oleoducto junto a la reserva de Standing Rock son en la actualidad de propiedad privada, pero en 1851 los siux consiguieron que se les reconociera su derecho legítimo a estas tierras en el Tratado de Fort Laramie. Los juristas discuten ahora sobre si el artículo VI de la Constitución de EEUU otorga a los tratados el mismo valor que la Carta Magna. Ese es el argumento que podría llevar el caso al Tribunal Supremo, que ya tomó una decisión similar en 1980 y le dio la razón a los indígenas frente al Estado.