La escena se desarrolla en la sala de vistas de la Audiencia Provincial de Madrid donde se celebra el juicio por el ‘caso Tabacalera’. Es abril de 2009. Al frente del tribunal, la entonces jueza Manuela Carmena. En el banquillo, el expresidente de Telefónica César Alierta y su sobrino Luis Javier Placer. Ambos acusados por enriquecerse con el uso de información privilegiada.

En la bancada de la defensa, la horda de abogados que representan al empresario y a su pariente. Frente a ellos, a los mandos de la acusación, el fiscal anticorrupción Alejandro Luzón en completa soledad. En un momento de la sesión, la presidenta del tribunal ordena un receso y anuncia la declaración posterior de uno de los peritos contratados por el principal acusado. Un experto de parte muy solicitado por aquel entonces en los juicios por conflictos económicos. Aprovechando el punto muerto, un grupo de periodistas se acerca a hablar con el fiscal. “El que viene ahora es un tío muy competente”, advierte uno de ellos. Luzón levanta la cabeza de sus papeles con un gesto de desaprobación. ”Yo también lo soy”, le contesta.

La anécdota ilustra la personalidad del futuro fiscal jefe de Anticorrupción. Su físico cervantino está lejos de replicar la personalidad del loco hidalgo. Serio, reservado, amable, metódico, de gesto impasible, pero de verbo certero. Los suyos han sido los casos más difíciles de defender. Su posición de funcionario una de las más complicadas de equilibrar. Como defensor del interés público, en una Fiscalía de organigrama jerárquico, se ha enfrentado al poder económico y al político. Sólo ha perdido una vez. El juicio de por el ‘caso Tabacalera’, también llamado ‘caso Alierta’, es la única acusación sin condena de sus veinte años de carrera.

Durante la vista oral, Telefónica anunció que contrataba a Iñaki Urdangarin como delegado en Washington cuando el nombre de Nóos ya asomaba entre la documentación del ‘caso Palma Arena’.  Al acabar, todo siguió su curso. Carmena se convirtiría en alcaldesa de Madrid seis años después. Los abogados del empresario tomaron posiciones para representar a la avalancha de ilustres imputados por corrupción que vendría después. Luzón continuó en Anticorrupción unos años más antes de pasarse a la Secretaria Técnica de la Fiscalía, puesto que todavía ocupa. El perito, José Manuel Campa, fue nombrado Secretario de Estado de Economía por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero un mes después del juicio.

Sentencias ganadas

Esto sucedió cuando la Fiscalía Anticorrupción aún estaba situada en la antigua sede del Paseo de la Castellana y sus inquilinos soportaban algún que otro corte de luz. Cuando los problemas judiciales de los grandes empresarios y banqueros acababan prescritos. Cuando la corrupción política todavía no había salido a flote y cuando la Audiencia Nacional era todavía un tribunal centrado en ETA. Luzón llega ahora con una situación judicial y social muy diferente.

Su derrota en el cara a cara contra el gigante de Telefónica fue un paréntesis entre sus éxitos de los 90, como fue el caso contra el director de la Guardia Civil Luis Roldán o los Fondos Reservados por el que se condenó a la cúpula del Ministerio del Interior del Gobierno de Felipe González -a excepción de José Barrionuevo y José Luis Corcuera-, y los de la época post crisis. Las sentencias de los juicios Fórum Filatélico y Afinsa, Occidental Hoteles, Eurobank o Huarte le dieron la razón.

En el verano de 2012, Luzón se puso al frente del ‘caso Bankia’ y sus derivados. Fue el último gran caso que asumió antes de su traslado a la Secretaría Técnica del ministerio Fiscal. El pasado mes de febrero consiguió su primera condena. Fue una sentencia histórica frente a los abusos bancarios que provocaron la crisis económica. La Audiencia Nacional dictó penas de entre tres meses y seis años de prisión para los 65 acusados por el ‘caso de las tarjetas Black de Caja Madrid y Bankia’. Entre ellos, el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato y el expresidente de la entidad, Miguel Blesa. Pero Luzón también tiene sus límites. Su negativa no sentará en el banquillo de los acusados a los responsables del Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que permitieron la salida a bolsa de la entidad madrileña que hizo desaparecer las inversiones de miles de personas.

Retos por delante

El destino ha querido ahora auparle al puesto de fiscal jefe de Anticorrupción a causa de una sociedad en un paraíso fiscal de las que él siempre ha perseguido. La dimisión de Manuel Moix, el pasado 1 de junio, tras revelar el diario Infolibre, que desde 2012 es dueño junto a sus hermanos del 25% de una empresa ‘offshore’ en Panamá, ha sido la artífice de la carambola. Luzón ocupará el puesto de Antonio Salinas, su superior durante casi 13 años, y tras los 87 días de Moix. Cuenta con el respaldo mayoritario del Consejo Fiscal.

En su nueva ocupación tendrá el control de investigaciones como la ‘Operación Púnica’, con más de cincuenta políticos, ediles, funcionarios y empresarios imputados por una trama de corrupción que adjudicó servicios públicos por valor de 250 millones de euros en dos años a cambio de pagos y comisiones, o el ‘caso del clan Pujol‘. Si en los últimos años, la economía ha sido lo suyo, ahora entra de lleno en la política bajo la batuta del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, nombrado a propuesta del ministro de Justicia, Rafael Catalá.

En su propuesta de actuación para el puesto, Luzón defendió que el «Ministerio Fiscal no tolera espacio alguno de impunidad, y con ello contribuirá a regenerar una confianza en las instituciones democráticas y en quienes las sirven que buena parte de los ciudadanos españoles parece haber perdido». Puntilloso con la literalidad de la ley y el encaje en ella de las pruebas para sostener sus acusaciones, el futuro responsable de la lucha contra la corrupción, siempre ha mantenido que se puede condenar al culpable sea cual sea su estatus. Ante las dudas sobre si la Justicia española es capaz de condenar los abusos de los poderosos, Luzón, como en el juicio contra Alierta, abandona su modestia. «Ya condenamos a Roldán».