Las cifras son cada vez más preocupantes. El futuro educativo de Estados Unidos se desangra por los elevados costes universitarios. Tener una licenciatura ya no es una garantía para conseguir un buen trabajo y los sueldos ya no son una garantía para poder devolver los créditos necesarios para sufragar una educación superior.

Por este motivo, muchos de los estudiantes de secundaria que abandonan para siempre los institutos de Estados Unidos renuncian a pasar al siguiente paso. Ha vuelto ha suceder esta primavera y ya van tres años consecutivos. Las matriculaciones universitarias han disminuido un 1,5% en mayo de 2017, respecto al año anterior, según el estudio anual que realiza el National Student Clearinghouse. En 2016, cayeron un 1,3% y en 2015, un 1,9%. Esto supone que las aulas de las universidades cuentan con 530.000 estudiantes menos de un total inicial de 18,2 millones.

«Las instituciones que no pueden atraer a estudiantes de postgrado para compensar la disminución de los alumnos de pregrado tendrán que luchar en los próximos años para llenar sus aulas», explica Doug Shapiro, director del centro que elabora este estudio cada año.

Hasta las más deseadas instituciones educativas tienen problemas. «Por primera vez en la historia, nos cuesta encontrar alumnos», comenta sorprendido un veterano profesor de Princeton que no quiere dar su nombre. De hecho, las primeras matrículas en universidades privadas han caído con un 13,1%, mientras que las de las privadas sin ánimo de lucro y las públicas se han mantenido estables.

El coste universitario

La principal causa de estas renuncias es el coste de los estudios universitarios y un sistema de préstamos que condiciona el resto de sus vidas. La deuda estudiantil total de Estados Unidos alcanzó en 2016 un total de 1,3 billones de dólares y está en manos de 42,4 millones de ciudadanos, según los datos de la Reserva Federal. De ellos, 4,2 millones faltaron el año pasando a sus pagos durante al menos nueve meses. Uno de cada diez no cumplen con los plazos.

La diferencia entre la universidad pública y privada no es tan grande como puede parecer. Las primeras cuestan hasta 40.000 dólares al año, mientras que las segundas pueden llegar hasta los 70.000 dólares. Los estudiantes compensan esos elevados gastos con trabajos a tiempo parcial, pero el gran problema llega cuando acaban los estudios y tienen que devolver la deuda acumulada más los intereses.

Ese fue el caso de Jefrey Britton, residente en Waikoloa (Hawai). Britton acabó la escuela secundaria y trabajó como carpintero durante cinco años hasta convertirse en supervisor de taller. Pero su sueldo de 30.000 dólares al año no le pareció suficiente y decidió ir a la universidad para conseguir un empleo mejor. Tras dos años de diplomatura, nadie quiso contratarle por encima de 22.000 dólares, así que volvió a la carpintería.

Dos años más tarde, se matriculó de nuevo en una prestigiosa universidad y obtuvo una licenciatura en economía. Los comerciales del centro le ofrecieron hacer un master y el doctorado sin avisarle que se cumplía su plazo para solicitar más préstamos estudiantiles. Así que tras perder otros dos años, volvió a su trabajo inicial con una cuota de 700 dólares mensuales con el banco y, poco después, tuvo un accidente que le obligó a aplazar la devolución del crédito durante siete años. Ahora la deuda se ha disparado y no puede pagarla. «Los préstamos estudiantiles son una de las mayores estafas de EEUU», dice Britton, que ha acudido a la ONG Student Debt Crisis a buscar ayuda.

Los recortes que vienen

La situación que describe Britton se puede complicar aún más si el Congreso de Estados Unidos aprueba el presupuesto para 2018 presentado por Donald Trump. Sus consecuencias dejarían a milles de estudiantes fuera del sistema universitario incapaces de pagar los costes de sus estudios superiores. «El presupuesto de educación de la Administración Trump es el clavo final en el ataúd de los estudiantes actuales, antiguos y futuros», advierte la ONG.

El texto plantea un recorte de 3.900 millones de dólares en las ayudas federales a los estudiantes de bajos ingresos -el llamado Fondo Pell- y acabar con el programa de perdón del préstamo estudiantil a los empleados públicos, un programa que en la actualidad tiene 550.000 solicitantes.

Además, contempla eliminar los préstamos subsidiarios que permiten a los estudiantes que aún están en las aulas retrasar los pagos de intereses, cerrar el programa de ayudas Perkins a los jóvenes con necesidades financieras y hacer desaparecer todas las protecciones frente a las entidades prestamistas, que podrán ahora aumentar los intereses sobre el principal de la deuda. Toda una carnicería para el futuro del país y, sobre todo, para el grueso de sus votantes. Michigan, Pensilvania y Wisconsin están entre los diez estados donde más jóvenes han decidido renunciar a la universidad.