El inesperado desafío de Yates y su destitución casi entrada la noche culminó un día de infarto en la política estadounidense. Durante el día, el protagonismo lo tomó el también histórico rechazo de más de un centenar de diplomáticos contra la prohibición de entrada a personas procedentes de Siria, Libia, Yemen, Somalia, Irak, Irán y Sudán.

A este insólito grito de protesta se sumaron los directivos de multinacionales como Google, Amazon, Microsoft o Apple, entre otras compañías; y el ex presidente Obama, que rompió su silencio para apoyar a los manifestantes y alertar del peligro al que se enfrentan los valores de Estados Unidos bajo el gobierno de Trump.

Pero la sorpresa saltó pasadas las siete de la tarde cuando la fiscal general en funciones anunció en una carta, cuyo contenido adelantó el diario The New York Times, su orden dictada a los abogados del Departamento de Justicia de no defender ante los tribunales el veto migratorio de Trump. Otro hito clave para la hemeroteca se sumó entonces a la agenda del día.

«En este momento, no estoy convencida de que la defensa de la orden ejecutiva sea coherente con mis responsabilidades ni estoy convencida de que esa orden sea lícita», concluyó Yates. La fiscal general estaba a unos días de dejar el cargo en manos de Jeff Sessions, el elegido por el presidente para sustituirla. No pudo acabar su mandato.

Despido histórico

Trump utilizó su potestad como presidente y respondió a la afrenta con un despido fulminante al estilo de su reality show The Apprentice. En lugar de pronunciar su famosa frase televisiva «you are fired» (estás despedida), Trump acusó a Yates de «traición» por negarse a hacer cumplir una ley diseñada para proteger a los estadounidenses, según el comunicado enviado por la Casa Blanca.

El presidente designó de inmediato como sustituto a Dana Boente (62 años), hasta ayer, fiscal del distrito este de Virginia. El único precedente en la historia de Estados Unidos de un conflicto entre el presidente y el fiscal general tuvo lugar la noche del sábado 20 de octubre de 1973 cuando Richard Nixon llamó al entonces fiscal general, Elliot Richardson, para que destituyera al procurador encargado del ‘caso Watergate’, Archibald Cox, por negarse a entregarle un resumen de las grabaciones. Cox y su fiscal adjunto, William Ruckelshaus, dimitieron para no cumplir dicha orden. Fue lo que en lenguaje político estadounidense se conoce como ‘la masacre del sábado noche’.

El poder de unos pocos

Trump tomó una decisión política, después de acusar a la jefa del Departamento de Justicia de hacer lo mismo contra él. «La señora Yates fue nombrada por la Administración Obama y es muy débil en relación a las fronteras y aún más con la inmigración ilegal», añadió en el comunicado. A once días de su llegada a la Casa Blanca, la Administración Trump ha creado su propia crisis con visos de pasar a la historia.

Lo sucedido ayer pone en peligro el nombramiento de Sessions como próximo jefe del Departamento de Justicia previsto para este martes. Aunque él mismo se opuso al veto a los musulmanes en la audiencia del pasado 10 de enero ante el Congreso, su pasado racista y contrario a la inmigración ha retrasado su ratificación en el cargo. Ahora tendrá que volver a dar explicaciones antes los más de veinte senadores y congresistas republicanos que se han mostrado en contra de la polémica orden de Trump.

La preocupación se extendió ayer no solo por el decreto en sí, sino por el procedimiento utilizado por Trump para su aprobación. Todas la miradas se situaron sobre el temido Steve Bannon. Jefe de Estrategia de la Casa Blanca y ex director de la web de la web ultraderechista Breibart News. La prensa estadounidense le atribuye a él la idea de impedir la entrada de miles de musulmanes y disfrazarla como una medida contra el terrorismo.

El círculo de Trump

Bannon es, junto a Reince Priebus, jefe de Gabinete de la Casa Blanca; Steven Miller, asesor político; y Jared Kusher, yerno de Trump, los hombres que susurran al oído del presidente. Ninguno de sus cargos han tenido que ser ratificados por el Congreso. El veto migratorio se coció entre ellos sin consultar a los expertos de los departamentos de Estado, Seguridad Nacional y Justicia. Aunque sí se le atribuye a Sessions el papel de ser uno de los principales inspiradores del veto.

Los que no participaron en la redacción del documento, según la prensa estadounidense, fueron Rex Tillerson y John Kelly, nominados para ocupar la cartera de exteriores y Seguridad Nacional y pendientes de ratificación. La revista The New Yorker dibuja a un presidente aislado por sus asesores más cercanos, al margen de los más altos responsables políticos. Pero las alarmas se encendieron el sábado por la tarde cuando se descubrió el nombre de Bannon en el texto de la orden ejecutiva para reorganizar el Consejo de Seguridad Nacional.

El que fuera jefe de campaña de Trump ocupará un puesto en el Consejo de Seguridad Nacional. Mientras que el Director Nacional de Inteligencia y al Jefe del Estado Mayor Conjunto del Ejército vieron reducidas sus responsabilidades. Solo acudirán a las reuniones de sus áreas. Este cambio sin precedentes respecto a las administraciones pasadas supone la presencia de un agente político del presidente en las decisiones sobre terrorismo.

Defienden la medida

Mientras crecía el rechazo, el presidente de Estados Unidos volvió a defender la medida que llevó al desconcierto a los agentes de fronteras, a los residentes con green card y a los estudiantes con visas en regla a los que se les negaba la entrada, así como a gran parte de la ciudadanía estadounidense que salió en masa a manifestarse. «Si hubiéramos anunciado la prohibición hace una semana, los «malos» ya habrían entrado en nuestro país. Hay un montón de «malos» por ahí», escribió Trump en Twitter.

Un lenguaje inocente que fue utilizado poco después por Sean Spicer, portavoz de la Casa Blanca, para describir la situación por la que pasaron los más de 300 retenidos en los aeropuertos.  «Es una pena que pasara esto, pero al final, solo fueron un par de horas. Inconvenientes temporales cuando se llega a un aeropuerto», comentó Spiecer en rueda de prensa. El portavoz de Trump mintió también sobre el número de afectados reducirlo a un total de 109 sin contar a las personas que no llegaron a subir a los aviones en las localidades de partida.

La excusa de la Administración Trump sigue siendo la seguridad nacional frente al terrorismo. Y la supuesta orden dada por sus votantes. En su contra tienen ya a los burócratas de Washington, las organizaciones civiles, las multinacionales, los fiscales, miles de ciudadanos de todo el mundo y al ex presidente Obama.